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Siete niños falleccieron en enero, a los que se suma una madre que murió al parir, lejos del hospital de Tartagal, sin la infraestructura necesaria para atender la urgencia. La falta de agua en buen estado por el agronegocio, y la falta de inversión en infraestructura, como causales directas de una situación “realmente grave” tal como la definió Daniel Arroyo.

Ya eran cuatro los niños wichis fallecidos por malnutrición cuando el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, viajó de urgencia a Salta el 12 de enero. Veinte días después, los niños que perdieron la vida por distintas causas relacionadas con la extrema pobreza son siete, a los que se sumó una madre fallecida luego de dar a luz a un bebé prematuro, nacido en su casa en Misión Santa María, cerca de Santa Victoria Este, porque no hubo ambulancia para trasladarla. El bebé está bajo observación en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, junto a otros 24 niños y niñas, dos de ellos en estado crítico, según la última información que brindó su director, Juan Pablo López.

Referentes indígenas de la zona como Octorina Zamora y Modesto Rojas señalan que son muchos más: Zamora le dijo a Tiempo Argentino que detectó 37 niños complicados en el Hospital, mientras que Rojas afirmó a la Agencia Pelota de Trapo que los muertos son nueve. Lo cierto es que las comunidades y sus caciques desconfían de los números oficiales del gobernador Gustavo Sáenz porque, entre otras cosas, la provincia no dio todavía una respuesta a la altura de la situación y hasta ahora sólo reconoce seis chicos muertos. El Grito del Sur habló con el secretario de relaciones Institucionales del municipio de Santa Victoria Este, Antonio César Villa, quien contabiliza hasta hoy siete nenes fallecidos y denuncia a Sáenz de querer esconder la realidad.

«La situación es muy grave, de verdad”, describió el ministro Arroyo ayer en diálogo con Futurock y detalló algunas de las acciones desplegadas por Nación, como la distribución de sacos de agua mineral envasada y el refuerzo en el envío de bolsones de alimentos, que fueron comprometidos hace diez días por la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, a funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. También hay personal del Ministerio de Defensa trabajando en obras de infraestructura a mediano plazo. La ONU, ayer, también manifestó su preocupación, y se ofreció a colaborar.

El diagnóstico que hizo público Arroyo coincide con el que hacen los expertos, los militantes y los caciques de la región: el consumo de agua en mal estado y las bajas defensas producto de la mala o nula alimentación produce las diarreas que ponen en severo riesgo la salud ya de por sí deteriorada de los chicos. La ayuda de emergencia de Desarrollo va en ese sentido pero, por ahora, no cuenta con el mismo nivel de compromiso del gobierno provincial, de acuerdo a los testimonios de distintos caciques y referentes recabados por este medio durante toda esta semana.

Sáenz firmó por decreto la emergencia socio-sanitaria sólo por 180 días (termina en abril) y anunció la inversión en principio de 500 millones de pesos. Pero no pudo contener las nuevas muertes. Tampoco las protestas de los caciques, que se movilizaron la semana pasada en Tartagal y este jueves en Santa Victoria del Este para exigir respuestas. Para colmo, el secretario de salud provincial, Antonio Ríos, declaró hace poco que las muertes se debían a que “las comunidades son muy cerradas” y a una supuesta “falta de entendimiento cultural”. A principios de mes el gobierno también había reprimido una protesta de la Comunidad El Tráfico, de Embarcación, el pueblo donde falleció el último de los siete niños, este martes.

“Esto es una crisis humanitaria, no hay otra forma de describirlo”, alertó Villa, y advirtió que para darle una solución de fondo a la problemática, “hay que tomar medidas profundas, de largo plazo, no sólo de emergencia”. Y agregó que “desde fines de los 90 que no vivíamos esta situación de tener ocho muertes en 20 días”.

Villa discute que son siete los nenes muertos, y que uno de los que murió por un paro cardio-respiratorio no pudo haber tenido origen en otra situación que la pobreza extrema. «Es miserable tener que andar discutiendo esto, pero demuestra hasta qué punto hay voluntad política o no de resolver de fondo el problema», aclaró.

«Siempre hubo muertes por desnutrición, pero se escondían», declaró por su parte Rogelio Nerón, primer intendente Wichí de Santa Victoria del Este, a medios locales. Villa va mas allá: “Durante el Gobierno de Macri no había interés en que esto se conozca, pero hubo por ejemplo el año pasado un nene muerto en la zona de Rivadavia sur, donde varios socios y familiares del ex presidente tienen tierras y acorralan a las comunidades”, afirmó. Y agregó: “Hay que entender que cuando a la gente de las grandes ciudades se le enflaquecen los bolsillos, acá a nosotros se nos caen directamente. La situación a la que llegamos hoy empezó a darse con el ajuste de Macri”.

«No sólo hemos tenido que lamentar las muertes de los nenes, también hemos enterrado ancianos, envueltos en nylon porque no hay plata ni para los cajones», se lamentó.

“Por primera vez hay presencia de la Nación”, apuntó a este medio la diputada provincial Gladys Paredes, que además ejerció como médica durante años en Tartagal, y aseguró que por ahora los agentes enviados están recorriendo las comunidades.

La diputada, además de reclamar por la falta de recursos provinciales para atender las emergencias de salud y de personal capacitado para abordar las cuestiones culturales en los territorios, disparó contra el agronegocio como uno de los factores determinantes de la falta de agua en buen estado, junto a la falta de obras de infraestructura. “Entre 2015 y 2016, se detectó una bacteria en el agua que era imposible que estuviera allí si no fuera porque se engendró de forma externa”, graficó. Paredes, que vive en el departamento de San Martín, anotó en un calendario que pasó 342 días del año pasado sin agua en distintos momentos de cada día.

“Una de las causas (del mal estado del agua) es las fumigaciones que hacen”, agregó una agente sanitaria Wichí de San Martín que prefirió reservarse. Y relató que muchas comunidades acuden al agua de las patronales terratenientes, que les cobran 30 pesos el bidón (fumigado) de 50 litros. “Nos dicen que hay que poner lavandina”, explicó.

ElGritodelSur.com


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