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Defensoría del Pueblo gestiona cumplimiento constitucional para interrumpir el embarazo de adolescente víctima de violación sexual en Caraparí

La oficina de la mesa defensorial en Yacuiba (Tarija) posibilitó que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya, donde se procedió al cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014, que permitió la interrupción legal del embarazo de 15 semanas como resultado de una violación sexual. La acción se realizó el pasado 15 de abril.

La coordinadora de la Defensoría del Pueblo, Janeth Paredes, informó queel caso fue coordinado con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de Caraparí, en el chaco tarijeño. La menor fue trasladada desde el Hospital Virgen de Guadalupe en ese municipio, hasta Yacuiba cumpliendo con todas las medidas necesarias por la cuarentena obligada por el coronavirus.

Según se dio a conocer, la adolescente ya había sido víctima de otros dos hechos de violación, por los cuales dio a luz a dos niñas, hoy de dos y un año de edad. Paredes explicó sobre la evidencia que, si bien el agresor fue condenado y actualmente cumple sentencia en la cárcel, en ambas ocasiones la adolescente no accedió a los servicios de salud en el marco de lo establecido en la sentencia constitucional 206/2014. La situación es investigada por la institución defensorial.

En el presente caso, la Defensoría viene realizando el seguimiento al proceso penal para que se cumpla con la aprehensión del sindicado, quien sería un familiar de la víctima. Debido a la cuarentena la Fiscalía de Yacuiba solo estaría atendiendo casos de personas aprehendidas por delitos en flagrancia, “obviando la obligación de garantizar el interés superior de niñas y adolescentes y de proteger de inmediato a víctimas de toda forma de violencia”, sostuvo.

La situación se agrava debido a que en el municipio de Caraparí no se cuenta con un fiscal asignado desde principio de año. Por ello las víctimas que buscan justicia, deben desplazarse hasta la ciudad de Yacuiba corriendo riesgos para la salud y las dilataciones por la distancia y el traslado para cualquier proceso penal.

Fuente: Prensa Mesa Defensorial


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